11 de agosto de 2026. Derivado de un análisis profundo de los casos de corrupción ocurridos en los últimos diez años en México, Transparencia Mexicana, quien ha empujado por años mejoras en los sistemas de integridad pública en México, propuso revisar los formatos de declaración patrimonial y de intereses para fortalecer el seguimiento gubernamental y social de activos digitales o criptoactivos.
Reconociendo la forma en la que hoy se esconden los beneficios ilegales de la corrupción, y también la manera en la que operan las redes criminales, Transparencia Mexicana propuso, además, revisar la forma en la que los funcionarios públicos declaran las propiedades y activos en paraísos fiscales.
“En la última década se ha ampliado la definición operativa de ‘paraíso fiscal’ y ahora también incluye a los activos digitales: bitcoin, stablecoins, tokens, programas de lealtad o millas”, señaló Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana al presentar esta iniciativa.
Los formatos de declaración patrimonial que utiliza el Estado mexicano no permiten registrar con claridad y de manera estructurada estos activos digitales o desagregar el tipo de activo del que se trata, y mucho menos su seguimiento en caso de acusaciones por corrupción.
Independientemente del monto de las inversiones que tiene un servidor público, cantidad que puede variar de un momento a otro, es central que la población sepa que sus funcionarios tienen inversiones en paraísos fiscales, lo que puede afectar los ingresos fiscales del país y facilitar que se escondan activos que permiten conocer y monitorear la situación patrimonial de una persona funcionaria pública.
Aunque es positivo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) endurezca su posición ante los contribuyentes para fortalecer los ingresos públicos, Transparencia Mexicana consideró que todavía hay mucho por hacer cuando se trata de personas funcionarias públicas.
Transparencia Mexicana indicó que estas medidas requieren también fortalecer la capacidad de las autoridades fiscalizadoras, que hoy cuentan con pocas herramientas para monitorear estos activos, razón por la cual, en el pasado, algunos órganos de control las consideraban “engorrosas”.
Ante la cascada de casos de corrupción y acusaciones sobre la integridad de funcionarios públicos de todas las fuerzas políticas, México necesita replantear su estrategia anticorrupción, poniendo foco en la relación entre los funcionarios electos y fuerzas criminales que buscan amedrentarlos o capturarlos por la vía económica.
Transparencia Mexicana anunció que establecerá contacto con legisladores y autoridades anticorrupción para detallar los ajustes normativos necesarios para hacer accionable esta medida, inscrita en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.